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Quejas y consultas | Los compradores de vehículos podrán contar con más herramientas y recursos para exigir sus derechos y hacer valer la garantía frente a fabricantes, importadores y concesionarios.

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Con la nueva ley del consumidor, que regula las relaciones entre quienes venden bienes y servicios y quienes los compran  para sus necesidades privadas o familiares, el Estado contará con afilados colmillos para castigar a quienes no den información  veraz y suficiente o no suministren bienes y servicios de calidad apropiada.

Sin embargo, despierta cierta inquietud la norma que establece que cuando las autoridades dispongan en un fallo que es procedente darle la razón al consumidor y ordenar la efectividad de la garantía, paralelamente podrán imponerle una multa al productor o al proveedor hasta por ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales.

Así las cosas, fabricantes, importadores de vehículos y concesionarios, tendrán que calcular si vale la pena contestar la demanda y dejar que siga la investigación por la queja del consumidor, aceptar de inmediato sus pretensiones o buscar un arreglo en audiencia de conciliación o en privado.

Lo preocupante no es la multa, sino el constreñimiento al productor o al concesionario, que sabe que no solamente le pueden ordenar hacer efectiva la garantía del vehículo, sino que se la pueden adobar con la multa a menos que llegue a un acuerdo con el consumidor para solucionar sus motivos de inconformidad en un arreglo que lo deje satisfecho.

Dentro de este nuevo esquema, que ojala afecte únicamente a los infractores descarados, los productores y concesionarios entrarán a jugar el partido con notoria desventaja. Lo importante es que el árbitro sea imparcial y justo.

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